La violencia, la inseguridad y la falta de justicia constituyen un obstáculo al desarrollo,  a la inversión y al crecimiento económico, y amenaza la débil democracia que  tenemos, poniendo en duda la capacidad del Estado para mantener la gobernabilidad. En este sentido, será necesario promover mecanismos de coordinación, y de apoyo presupuestario a las entidades responsables de ejercer justicia no solo con la finalidad de aumentar la densidad del Estado sino también de proveer la atención adecuada a las demandas sociales. Así también, se promoverán procesos que permitan la efectividad de las políticas de criminalidad del Estado y estrategias para el control de los centros carcelarios y redes delictivas.

Para la consecución de este objetivo sectorial se presentan las siguientes acciones estratégicas:

4.3.2.2.1 Acciones estratégicas

• Implementación de la carrera judicial y el respeto de la independencia judicial.
• Aumentar los recursos presupuestaria del Organismo Judicial y el MP.
• Garantizar la autonomía y la seguridad de los fiscales en el desempeño de sus funciones.
• Implementación de procesos estratégicos de coordinación con el MP para la implementación efectiva de las políticas de criminalidad de Estado, así como con otros actores clave. (Defensa Pública Penal, INACIF).
• Promover la separación de funciones entre la Corte Suprema de Justicia y otras estructuras de poder judicial como la rama administrativa y el Consejo de la Carrera Judicial.
• Regular la demanda de armas por parte de la ciudadanía, así como contar con un control efectivo y seguro de la adquisición de las mismas.
• Aumento, modernización y control de los centros carcelarios, especialmente de redes delictivas.