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Situación del país y desafíos del Gobierno para el período 2016-2020

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El Estado de Guatemala enfrenta una de las crisis políticas e institucionales más severas de su historia.

Uno de los aspectos que sobresalen es la inseguridad. Los niveles de criminalidad y violencia, los homicidios, la violencia contra la mujer y la niñez, la trata de personas, las extorsiones, el contrabando y el narcotráfico tuvieron un sensible crecimiento durante los últimos años, afectando a la mayoría de la población. La tasa de criminalidad registró una tendencia media de alrededor de 32 mil casos anuales desde 2003.

El Ministerio de Gobernación, como uno de los entes rectores de la seguridad ciudadana, muestra grandes debilidades en su función de prevención de la violencia y la delincuencia y la solución de estos flagelos.

La Policía Nacional Civil (PNC) no cumple a cabalidad con la función de proteger y garantizar el ejercicio de   los   derechos y libertades de las personas, prevenir, coadyuvar en la investigación y lucha contra la delincuencia, mantener el orden público y la seguridad interna. El presupuesto asignado en los últimos años no permite invertir en equipo adecuado y tampoco se cuenta con suficientes agentes calificados y capacitados, con idoneidad y conocimientos básicos de las garantías ciudadanas.

Actualmente, el Estado tiene escaso control sobre el sistema penitenciario.  Este se mantiene con hacinamiento y no hay condiciones para la readaptación, reeducación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

La administración de justicia por décadas no ha sido pronta y cumplida, lo que se refleja en los altos índices de impunidad que padece el país. Sin embargo, es importante reconocer el papel central desempeñado en los últimos años por el Ministerio Público en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado.

La participación ciudadana es una condición fundamental para la construcción de un Estado democrático, como lo demostraron en 2015 las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción y que exigieron transformaciones en el sistema político. Hasta ese momento, la inconformidad ciudadana había sido controlada por medio de diversos mecanismos asociados con una práctica política clientelista, excluyente y discriminadora, para proteger los intereses de sectores minoritarios vinculados a la corrupción y la impunidad.

La  inseguridad política no ha permitido que el país pueda desarrollar y consolidar los espacios y mecanismos institucionales para la participación ciudadana, tales como el Sistema de Consejos de Desarrollo. Esa circunstancia tampoco ha favorecido el fortalecimiento de los partidos políticos como instancias de interlocución entre la sociedad civil y el Estado.

Los obstáculos para que el Estado asuma la función que le corresponde proceden de las vulnerabilidades que impiden una gestión pública eficiente, transparente y con la capacidad de respuesta ante las exigencias de la sociedad guatemalteca, para la satisfacción de sus necesidades e intereses, además de la solución de sus problemas.

Tampoco existen políticas efectivas en relación con la profesionalización del servicio civil. El desarrollo profesional  de  los  servidores  públicos  no  se  ha logrado ante la falta de una carrera del servicio civil y la incorporación no se basa en criterios de eficiencia, capacidad, méritos e incentivos que respondan a los requerimientos de la población.

En relación con la información estadística del país, el censo de población, que es la principal fuente de información sociodemográfica, presenta un rezago de tres años respecto de los estándares internacionales, que recomiendan su actualización cada diez años.

Las  políticas  públicas,  sustentadas  en  un  conjunto de indicadores poco confiables, enfrentan estas limitaciones ya que no logran delimitar, caracterizar y comprender de manera objetiva las circunstancias sociales, económicas, políticas y ambientales que pretenden resolver.

Según las estimaciones de población, en  2015 Guatemala contaba con 15.9 millones de habitantes; de ellos, el 50.8% eran mujeres[2]; el 50.5% vivía en las áreas rurales y 38.8% se definió como indígena[3]. Entre los principales rasgos que sobresalen de la estructura poblacional se pueden mencionar: el alto componente de jóvenes y el proceso de transición entre lo urbano y lo rural. Ambas condiciones tienen implicaciones importantes en las diferentes dimensiones de desarrollo de Guatemala.

Otra característica demográfica del país se relaciona con  las  brechas  de  desigualdad  que  se  mantienen entre los diversos grupos de población y territorios, acentuándose  en la  población  indígena  del  área rural  y  las  mujeres,  entre  quienes  se  manifiestan los indicadores más graves en cuanto a desarrollo, ( pobreza, desnutrición, mortalidad materno infantil, educación, empleo, entre otros). Un ejemplo de esto es la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, que en las áreas rurales alcanza el 53%, mientras que el porcentaje en la urbana es del 34%; respecto a la pobreza extrema, una de cada cuatro personas en las áreas rurales y en la población indígena sufre esta condición, mientras en el área urbana y entre quienes se consideran como no indígenas, la proporción es de una de cada diez.

En el ámbito económico, la industria, la agricultura y los servicios privados son los sectores productivos más importantes. Su participación en la conformación del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 fue de 17.6, 13.6 y 15.8%, respectivamente, en términos constantes[4].

La dinámica económica del país es generada por una diversidad de unidades productivas, de conformidad con  la  absorción  de  mano  de  obra,  que  en  su mayoría se concentra en la ciudad de Guatemala. Los principales factores que propician la competitividad son: acceso a crédito, infraestructura, servicios básicos, capacitación, investigación y desarrollo. De acuerdo con el Directorio Nacional de Empresas y sus Locales (Dinel) 2013, elaborado por el Banco de Guatemala, el 11.9% de las empresas entrevistadas ocupan más de 20 personas.

Una cantidad considerable de unidades productivas de menor escala, las cuales pueden ser catalogadas como Mipymes, enfrentan una serie de restricciones para su desarrollo: limitado acceso al crédito, escasa capacitación, asistencia técnica y certeza jurídica, cadenas productivas poco integradas y ninguna posibilidad de internacionalización.

A pesar de funcionar con limitaciones, las Mipymes representan casi el 90%[5] de la estructura productiva del país; además, generan la mayor cantidad del empleo, si bien, debido a su reducido nivel de productividad, contribuyen muy poco con la conformación del PIB y mantienen condiciones salariales bastante precarias para los trabajadores.

Estas unidades productivas se vinculan con una diversidad de áreas. Algunas están ligadas con la prestación de servicios, entre las cuales sobresale el turismo, actividad que representa el segundo lugar en  cuanto  al  ingreso  de  divisas,  superando  a  los provenientes del comercio de los principales productos tradicionales de exportación y solo detrás del monto de ingresos de remesas familiares provenientes del exterior.

Guatemala cuenta con una política de desarrollo turístico y un Plan Maestro y ha sido declarado un país megadiverso. Sin embargo, según el Índice de Competitividad Turística, elaborado por el Foro Económico Mundial, después de situarse en la posición 70 entre 139 países en 2009, Guatemala ocupó la casilla 80 entre 141 economías en 2015; es decir, retrocedió casi 10 puestos.

Son múltiples las razones que explican el pobre desarrollo que ha mostrado el sector, a lo largo de los últimos años. Algunas se relacionan con los altos niveles de inseguridad que soporta el país; el bajo nivel educativo de su población; la escasa e insuficiente infraestructura turística que ofrece; la reducida importancia y falta de continuidad de las políticas públicas orientadas al fomento del sector y la carencia de una visión de desarrollo de largo plazo que permita situar al país como un destino turístico de atracción mundial.

En relación con el gasto, el consumo público y privado representa el 95.9% del PIB, la inversión el 14.7% y el sector externo un déficit del 11.5% (exportaciones menos importaciones).

El consumo privado muestra la mayor proporción del consumo total (85%), está fuertemente influenciado por las remesas familiares que envían los connacionales que radican en el exterior, principalmente en Estados Unidos. El Banco de Guatemala registró que las remesas conformaron casi el 10% del PIB en 2015, monto que se equipara con la carga tributaria (10.2%, según cifras preliminares a diciembre de 2015) y los ingresos por exportaciones (14.2%, según cifras a octubre de 2015). Este flujo de ingresos contribuye a la estabilidad política, económica y social del país y permite el amortiguamiento de la pobreza y la desigualdad.

En lo que se refiere a la inversión, esta ha mostrado reducciones importantes a lo largo de los últimos años, especialmente la pública. Esta situación compromete la competitividad del país, pues el principal mecanismo para asegurar la infraestructura disponible con que cuenta un país para el desarrollo de su actividad económica (carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, entre otros); además incide en los servicios básicos proporcionados a la población, como agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillado, riego y caminos vecinales.

El Banco de Guatemala registró que la formación bruta de capital fijo disminuyó en términos constantes, de alrededor de 20% del PIB en 2007 a cerca del 15% en los últimos cuatro años.

El análisis del PIB en relación con el ingreso, entre 2008 y 2012 mostró un deterioro en la remuneración de los trabajadores, al transitar de 30.4% a 30.1%. Mientras, se percibe un incremento en el rubro de explotación bruta del capital (rentas, utilidades, beneficios, ganancias, entre otros), al transcurrir de 40.3% al 41.5%.

Esta situación explica en términos generales la precariedad del empleo, caracterizado por la prevalencia de bajos ingresos, los cuales no permiten al 20% de la población trabajadora salir de la condición de pobreza extrema en la que vive (Encovi 2014/15). Los ingresos que perciben no les alcanzan para cubrir el valor de la canasta alimentaria, que reúne los requerimientos calóricos para mantener su actividad física, menos para adquirir otros bienes y servicios básicos que permitan mantener un nivel de vida digno y no solo de subsistencia.

Los bajos salarios forman parte de otras particularidades del mercado laboral en las que sobresale el bajo nivel de productividad, los altos niveles de informalidad, subempleo y empleo infantil y la escasa participación de las mujeres. Estos elementos revelan las precarias condiciones de vida de la población que demanda acciones efectivas desde el ámbito público.

En  otra  dimensión,  en  esta  Política  General  de Gobierno se da continuidad al Pacto Ambiental 2016–  2020.  Este  surgió  después  de  las  movilizacionesciudadanas de 2015, como una respuesta ante el clamor creciente por la mejor gestión del medioambiente y el patrimonio natural. Como resultado del proceso de  diálogo  democrático  entre  las  fuerzas  vivas  del país se planteó la Agenda Ambiental, que también incluye lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032. Se priorizaron las seis necesidades más sentidas por la población: (a) cuidar el agua, (b) reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad, (c) mejorar la gestión ambiental del país, (d) limpiar el país de desechos sólidos, (e) prepararnos para el cambio climático, y (f ) producir sosteniblemente.

La población utiliza menos del 20% de la oferta de agua disponible en Guatemala. La mayor consumidora de agua doméstica es la región metropolitana, en donde de cada 5 litros de agua que se extraen, de vuelta solo se recarga 1 litro al sistema hidrológico. Los lagos y ríos están contaminados. Se bombea agua del manto freático sin ningún control; 3 de los 15.9 millones de guatemaltecos carecen de agua potable y 6 millones no cuentan con sistemas efectivos de saneamiento.

Entre 2006 y 2010 se perdieron 38,600 hectáreas anuales de bosque, en promedio, dentro y fuera de áreas protegidas, las cuales son nuestro último bastión ambiental. Si bien el 65% de las tierras tienen vocación forestal, ahora menos del 34% son bosques. Los suelos se destinan cada vez más para ganadería extensiva, agricultura  y  desarrollos  urbanos,  sin  planificación ni gestión de riesgo. La sobreutilización de la tierra conlleva la pérdida de suelo fértil. Solo en 2001, la erosión potencial por deforestación anual fue de 16.4 millones de toneladas de suelo, un aumento de 1,200% respecto al nivel reportado en 1991. Se generan 2.3 millones de toneladas métricas de desechos sólidos al año, de los cuales solamente 30% se recolecta.

La economía ha crecido sin el aprovechamiento sostenible de la naturaleza. Las demandas crecientes del mercado y el incremento demográfico exigen cada vez  más  materias  primas,  alimentos  y  otros  bienes de consumo. El cambio climático ha intensificado el deterioro de la naturaleza. La sequía, las inundaciones y las heladas amenazan la agricultura. En un escenario pesimista, se proyecta que para 2050, Guatemala experimentará un aumento de 2.0º C y una disminución de lluvia del 13% respecto al promedio 1980-2000. Habrá problemas de acceso al agua; las enfermedades conocidas ahora abarcan más áreas, mientras enfermedades nuevas afectan cultivos y personas. Son más frecuentes las tormentas tropicales, con secuelas de muerte y daños en la infraestructura del país.

Se requiere optimizar y mejorar el financiamiento ambiental. Entre 2006 – 2010, el gasto público relacionado con el medioambiente representó entre el 0.5% y el 0.75% del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, entre Q1,377 y Q2,001 millones por año. De los promedios del total de la asignación pública, el Gobierno Central ha manejado el 43%; los gobiernos departamentales el 16%, y los gobiernos municipales un 41%. En el resto de Centroamérica, el financiamiento público ambiental per cápita es significativamente mayor al nuestro.

En el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha experimentado una de las peores crisis en su historia. Esta se agravó durante los últimos meses de 2015, debido a los problemas de  financiamiento y  de  gestión.  A  su  vez,  la  crisis es resultado de decisiones y acciones inadecuadas acumuladas durante varios años en el sistema nacional de salud. Quedó en evidencia el alto desabastecimiento de medicamentos e insumos críticos en los hospitales públicos, y en los centros y puestos de salud. Lo anterior se refleja en el bajo porcentaje del gasto en los servicios de salud con respecto al PIB, el cual no ha variado en los últimos 10 años. En 2009 fue de 1.3% del PIB, mientras el promedio de Latinoamérica fue de 3.2%.

Estas circunstancias se manifiestan en la baja cobertura y el acceso de la población a los servicios básicos de salud, comprometiendo programas importantes como el de las inmunizaciones, lo que pone en riesgo a más de 100 mil niños susceptibles de contraer enfermedades que pueden ser prevenidas.

La gran cantidad de personas atendidas en el tercer nivel se realiza como consecuencia de las fallas que se observan en el primer y segundo nivel de atención. El presupuesto destinado al funcionamiento de los hospitales es insuficiente. Por aparte, las condiciones sanitarias, la calidad del agua y de la alimentación son elementos que inciden en el aumento del número de personas enfermas.

De acuerdo con información de 2011, la red de servicios del MSPAS estaba constituida por un total de 1,492 servicios de salud. De estos, corresponden al primer nivel 1,086 puestos de salud y 15 unidades mínimas; al segundo nivel, 346 servicios de salud, y en el tercer nivel, 45 hospitales.

El perfil epidemiológico del país presenta la coexistencia  de  enfermedades  infecciosas  y parasitarias  como  crónico-degenerativas.  Continúan las   principales   causas   de   morbilidad:   amebiasis, diarrea y gastroenteritis, amigdalitis aguda e infección aguda de las vías respiratorias superiores. Mientras las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas y degenerativas, como infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, diabetes mellitus y accidente vascular encefálico agudo.

Responder a la demanda de la población por padecimientos crónicos no solo conlleva un problema tecnológico; también representa una contrariedad financiera, debido a los altos costos para la atención de los mencionados padecimientos.

Los indicadores ilustrativos de la vulnerabilidad de la población son la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, el avance de la epidemia de VIH y el incremento de la incidencia de   pacientes   con   insuficiencia   renal   crónica   y diabetes mellitus. La tasa de mortalidad infantil, si bien experimentó una reducción entre 9 y 12 puntos porcentuales en 2012, sigue siendo alta. También persisten  brechas  respecto  al  promedio  nacional,especialmente en las áreas rurales, donde la prevalencia es del 38% y en la población indígena es del 40%.

La  reducción  de  la  mortalidad  materna  continúa como prioridad. Por un lado, es necesario lograr la sostenibilidad  de  las  acciones  puestas  en  práctica por el MSPAS, en cumplimiento de sus funciones y del mandato de la Ley de Maternidad Saludable[6]. En 2013, se alcanzó una Razón de Mortalidad Materna de 113.4 por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, en ciertos departamentos, en especial del noroccidente del país, la mortalidad llega a ser cinco veces más alta que el promedio nacional, agravándose en la población indígena, en la que es tres veces más alta que en la no indígena. Junto a esta situación de riesgo, el número de adolescentes que se convierten en madres es cada vez mayor. En 2012 hubo 4,613 y en 2015 se registraron 5,878 embarazos en niñas menores de 14 años.

El número de casos de VIH positivos detectados en población comprendida entre 0 y 14 años en el 2015 fue de 20, un número menor en relación con los años anteriores. En diciembre de 2014 se notificaron 33,350 casos de VIH y Sida ( VIH avanzado). En ese año, el reporte anual fue de 1,844 casos, lo que representa una tasa anual de 12 casos por 100,000 habitantes. De esa cifra, el 61.1% de los casos reportados son masculinos y  el  38.9%  son  femeninos.  En  los  departamentos de Guatemala, Escuintla, San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango, Izabal, El Petén y Suchitepéquez se concentró el 76% de los casos informados al Centro Nacional de Epidemiología.

El financiamiento es una limitación para brindar servicios públicos de salud. De 2009 a 2013, el presupuesto del Ministerio de Salud se mantuvo alrededor del 1.2% del PIB. Esto contrasta con el presupuesto del IGSS de alrededor del 2% del PIB para atender a una población menor que la del Ministerio de Salud.Se requiere un incremento anual del 0.5% del PIB para cubrir el conjunto de prestaciones integrales y avanzar en la universalización de la salud.

El Ministerio reporta que la deuda es un elemento constante  en  la  gestión  administrativa  del  sistema de salud.   Al 31 de diciembre de 2015, las cuentas por pagar de este sumaban más de 500 millones de quetzales. Un alto porcentaje de ellas se relacionaban con el pago de medicamentos, insumos críticos y equipo médico.

Respecto al recurso humano, el personal contratado bajo el renglón 011[7] y cuya responsabilidad es brindar atención en los diversos servicios, apenas era de 8,632. De  estos,  1,435  eran  médicos,  1,217  enfermeros/ as profesionales, 5,690 auxiliares de enfermería, 50 nutricionistas, 198 educadores/as en salud y también se contaba con 42 médicos de la brigada cubana. También había personal contratado bajo otros renglones; entre ellos, 1,701 residentes y turnistas y, muy importante, el personal comunitario. De los últimos, el MSPAS estaba en capacidad de otorgar un estipendio a 9,476 entre comadronas y promotores/as de salud. Este recurso humano se ha nutrido con los egresados de las distintas escuelas nacionales formadoras que impulsa el Ministerio. Durante 2015 egresaron 456 técnicos/as en distintas especialidades (terapia física, ocupacional y especial, terapia respiratoria, radiología, citología, laboratorio clínico), además de 431 auxiliares de enfermería y 193 enfermeras profesionales.

Además, existe una inequidad en la distribución de los recursos humanos en salud. El mayor porcentaje de los equipos se concentraban en el área metropolitana y departamentos aledaños y no eran distribuidos en los departamentos con índices elevados de población postergada económica y socialmente, que demanda servicios de salud.

En  materia  de  seguridad  alimentaria,  el  indicador más evidente es la desnutrición crónica en los y las niñas menores de cinco años. Según la Sexta Encuesta Nacional  de  Salud  Materno  Infantil  2014/2015,  de cada 10 niños/as 5 enfrentaron ese flagelo. En los niños y niñas indígenas y del área rural, esa situación era más grave, pues alrededor de 6 de cada 10 sufrían de desnutrición. La cobertura de agua y saneamiento solamente llegó al 76% de los hogares y se estima que solo el 15.8% de los sistemas de agua que abastecen los hogares cuentan con desinfección.

Entre los factores que inciden en esta problemática se encuentra la baja producción nacional de alimentos, especialmente de granos básicos para el consumo local. Un indicador de esta situación es la incidencia de las importaciones en la disponibilidad de alimentos en el país. Entre 2005 y 2013 aumentó la importación de pescado y mariscos, azúcares, cereales y leguminosas; en tanto disminuyó la de tubérculos y raíces, frutas y huevos.

De igual forma, en la seguridad alimentaria impacta el incremento de los precios, de alimentos y bebidas no alcohólicas. En noviembre de 2011, el índice calculado por el INE en este rubro ascendía a 111.55 y en noviembre de 2015 ese índice de precio alcanzó un valor de 152.31.

En otro ámbito, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, en los últimos cinco años hubo una fuerte caída de la cobertura en el nivel primario. En 2009 el país alcanzó 98.7% de cobertura; a partir de 2010 decreció la cobertura, que en 2014 había caído a 82%. Esto constituyó un retroceso de más de 10 años, debido a que la cobertura era semejante en 2000. En el nivel preprimario se incrementó en los últimos años; en 2014 no superaba el 50% de los y las niñas del correspondiente grupo de edad.

El fracaso escolar continúa en el nivel primario. Según estadísticas del Ministerio de Educación (Mineduc), casi 15 de cada 100 niños/as de ese nivel no logran aprobar el grado y la tasa de retención apenas rebasa el 60%.

En relación con la calidad de los aprendizajes. La más reciente evaluación en 2012 evidenció que solo el 29% de las y los niños que cursaban sexto grado lograron aprobar las pruebas de lectura y el 45% superó las pruebas de matemáticas.

El sistema educativo guatemalteco se distribuye en dos subsistemas: el escolar y el extraescolar. En el primero el desafío es incrementar la cobertura en los niveles de preprimaria, ciclos básico y diversificado; mientras en el nivel primario se requiere promover el acceso de la niñez en edad escolar, en especial quienes viven en familias condicionadas por la pobreza y extrema pobreza, que sacrifican sus oportunidades educativas para satisfacer las necesidades de sobrevivencia. Esta población no encuentra opciones de apoyo como la refacción escolar, el fondo de gratuidad, el programa de útiles escolares y la valija didáctica.

En el subsistema extraescolar, el Estado de Guatemala ha invisibilizado a los adolescentes y jóvenes que no tienen oportunidades de acceso al sistema educativo nacional.  Para  este  grueso  de  población  excluida no hay otras modalidades de educación como la educación para el trabajo.

El Gobierno de Guatemala 2016-2020 recibe un país que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Los graves actos de corrupción perpetrados por algunos de los más altos dignatarios y funcionarios de los gobiernos pasados y su actitud depredadora frente al erario nacional impactaron de manera inmediata al provocar una reducción drástica de la recaudación tributaria que provocó el desfinanciamiento y la inmovilización del Estado, el cual no puede responder con prontitud ante las exigencias de la población.

El debilitamiento financiero del Estado, la inconsistencia    institucional    y    por    consiguiente el deterioro de la calidad de vida de las personas conllevan la profundización de las crisis del país, ya de por sí catalogado entre los diez países más susceptibles ante los eventos climáticos extremos. Según el análisis de la organización Germanwatch de 2015, que se cita frecuentemente sin indicar la fuente, Guatemala se ubica entre los nueve país del planeta más vulnerables a  los  efectos  del  cambio  climático,  en  el  período 1994 – 2013, debido a que hemos sufrido 80 eventos extremos durante esas dos décadas, lo que representó pérdidas cuantiosas de vidas y en paridad del poder adquisitivo, daños en la economía, infraestructura, cosechas y construcciones, y la disminución del 0.68 por unidad del Producto Interno Bruto.

Guatemala  se  debate  entre  el  incremento  reciente de la pobreza general y extrema, de la desnutrición y la inseguridad ciudadana y que demanda medidas urgentes para resolver la crisis y avanzar en la restitución de los derechos humanos. La Encuesta Nacional  de  Condiciones  de  Vida  (Encovi)  2014, reveló que entre 2000 y 2014 la pobreza total aumentó 2.9%, al pasar de 56.4 a 59.3%. Esto equivale a casi 9.4 millones de personas que vivían con menos de Q10 mil 218 por año. La pobreza extrema también se profundizó al transitar de 15.7 a 23.4% durante ese período. La línea de pobreza extrema se fijó en Q5 mil 750 anuales por persona. En pobreza extrema se encontrarían 3.7 millones de habitantes; en pobreza general se incluye a 5.7 millones de personas. Fuera del umbral de pobreza se estima se hallaba el 40.7% de la población, que hasta junio de 2015 se calculó en 15.9 millones de personas. En la población indígena la pobreza se incrementó del 75% medido en 2006 a 79.2% en 2014. En la población indígena aumentó de 36.3 a 46.6%. En el área urbana la pobreza creció de 30.2 a 42.1% y en las zonas rurales de 70 a 76.1%.

Estas condiciones críticas en que asume el Gobierno del presidente Jimmy Morales constituye la oportunidad para realizar los cambios dirigidos a sentar las bases para transformar las condiciones estructurales que impiden a los habitantes de la República de Guatemala tener garantizadas la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de la persona.

 

[2] Instituto Nacional de Estadística. Metodología de las estimaciones y proyecciones de población por sexo y edades simples. Principales resultados a nivel nacional. Guatemala, diciembre 2015

[3] Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI- 2014.  Guatemala, 2015

[4] Los datos corresponden al Sistema de Cuentas Nacionales de 1993.

[5] De conformidad con el DINEL, el 64.2% de las empresas entrevistadas ocupan de 1 a 5 personas; el 11.5% ocupan de 6 a 9 personas y el 10.5% de 10 a 19 personas.

[6] Decreto Número 32-2010

[7] El total de personal contratado bajo renglón 011 era de 21,103 personas.