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Lineamientos generales de política

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Esta Política General define los grandes lineamientos que deben atender las instituciones públicas durante los próximos cuatro años.

La Política General de Gobierno constituye un cambio de la gestión gubernamental tradicional o de gobiernos pasados, ya que responde a las grandes prioridades, metas, resultados y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.

La planificación del desarrollo que presenta el país en la actualidad tiene como referentes claves el Plan y  la  Política  Nacional  de  Desarrollo, que  orienta a las instituciones públicas y en la que se basará el desempeño de este Gobierno.

Anteriormente, la conducción gubernamental fue abordada a partir de planes o programas que en su mayoría estaban desvinculados del ciclo de política, planificación, programación y presupuesto; en todos los casos se antepusieron los aspectos operativos del proceso a la dimensión político-estratégica.

Esta Política General define los grandes lineamientos que deben atender las instituciones públicas durante los próximos cuatro años. Establece prioridades, obliga a  revisar  los  resultados  institucionales  y  determina los lineamientos vinculados a las prioridades del desarrollo.

Las prioridades de la Política General de Gobierno están orientadas para contribuir a disminuir las brechas de inequidad entre diferentes grupos sociales, como población indígena y no indígena, área urbana y rural, hombres y mujeres, ricos y pobres, las cuales han determinado las condiciones de exclusión generalizada.

También  toma  en  cuenta  los  aspectos  vinculados a  desarrollar  el  potencial  de  las  diversidades generadas en el seno de estos grupos y referidas a la multiculturalidad de los pueblos que conforman Guatemala.

Un  elemento  central  de  las  prioridades  nacionales es la necesidad de promover el desarrollo desde lo local, generando las capacidades necesarias para que las municipalidades cuenten con los medios para la interlocución y coordinación con otras instituciones del Estado, a partir de la vinculación de las directrices de Gobierno con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los generados en el seno de los Consejos de Desarrollo en todos los niveles.

Esta Política General propiciará que los esfuerzos de las instituciones públicas sean eficientes, transparentes y con resultados concretos en las condiciones de vida de la población y que las inversiones privadas, nacionales e internacionales, sean coherentes con las prioridades planteadas por este Gobierno para el desarrollo del país.

En la dinámica de la sostenibilidad de las acciones para el desarrollo y la reducción de las vulnerabilidades que afectan al país, esta Política General considera la importancia de la Gestión de Riesgo con carácter prospectivo  y  preventivo;  la  conservación  del ambiente y los recursos naturales como las medidas necesarias para enfrentar los efectos de la variabilidad climática, así como de los fenómenos geológicos, hidrometereológicos y antrópicos que pueden frenar o modificar el abordaje de las prioridades nacionales.

En ese contexto, las directrices que apliquen y deben tener en cuenta todas las instituciones públicas centralizadas, en coordinación con las entidades descentralizadas,  autónomas  y  semiautónomas,  son las siguientes:

  1. Dada la interdependencia de las acciones a tomar para atender las prioridades establecidas en esta Política General, todas las instituciones públicas deben  atender  las  instrucciones  y  coordinar su trabajo en el marco del desempeño de los Gabinetes de Gobierno y del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
  2. Cada una de las instituciones públicas, en coordinación con la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), revisará y adecuará sus políticas, planes institucionales y operativos, programas, proyectos y presupuesto a las prioridades establecidas en esta Política General, así como a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032.
  3. Todas  las  instituciones  públicas  deben  revisar sus macroprocesos, procesos y subprocesos institucionales, para readecuar sus estructuras funcionales y presupuestarias, alineándolas con la Política General de Gobierno y con la Política y Plan Nacional de Desarrollo, basándose en productos y resultados. Esto implica que cada institución debe establecer las metas anuales y globales para el período de Gobierno.
  4. Los consejos nacional, regionales y departamentales de desarrollo establecerán, con base en las prioridades de la Política General de Gobierno y sus revisiones anuales, las medidas de adecuación y readecuación de la gestión y orientaciones territoriales de desarrollo, con el propósito de establecer convergencias de acción entre la sociedad civil y las entidades del Estado representadas en dichas instancias.
  5. La Segeplan y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) coordinarán los mecanismos de seguimiento y evaluación de metas, productos y resultados de las instituciones públicas, para informar y difundir en la población los avances en la gestión del Gobierno, expresadas en los planes anuales y multianuales de la institucionalidad pública. Las instituciones deben asegurar la coherencia y alineación  entre  resultados.productos,  indicadores y presupuesto, según lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto[8], el artículo 20 del Reglamento de dicha ley y las directrices de esta Política General y de la Política y Plan Nacional de Desarrollo.
  6. Cada una de las instituciones públicas debe realizar, al inicio de cada año, la revisión del gasto e inversiones,  en  el  marco  de  la  transparencia y  la eficiencia,     estableciendo medidas autoidentificadas de  racionalidad y orientadas a las prioridades de Gobierno. Para esto deben realizar los arreglos correspondientes en los planes operativos anuales y multianuales.
  7. Todas las instituciones públicas basarán su presupuesto en los procesos de planificación y programación,  vinculados  con  las  prioridades de esta Política General y su plan de acción, así como con los lineamientos establecidos en el K’atun 2032.
  8. Las instituciones públicas deben establecer y armonizar  sus  resultados  de  desarrollo  con las prioridades nacionales. Para el efecto, se instruye la aplicación del proceso de Gestión por Resultados en el marco de la Política y el Plan Nacional de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Gobierno.
  9. Cada entidad del Organismo Ejecutivo debe institucionalizar el espacio de coordinación interno entre las autoridades superiores, las Unidades de Planificación y las Unidades de Administración   Financiera   con   el   propósito de  articular  las  políticas,  planes,  programas y proyectos institucionales. El fin último es cumplir las metas definidas en la Política General de Gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo.
  10. Las instituciones públicas deben velar porque el presupuesto sea producto de los planes multianuales y los planes operativos anuales, tanto a nivel departamental, municipal, como institucional; tal como lo establecen el artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97[9], y el artículo 16 del Reglamento Política General de Gobierno | 2016-2020 de  la  Ley  Orgánica  del  Presupuesto,  Acuerdo Gubernativo 540-2013[10].
  11. El Gabinete General, en el marco del Consejo Nacional de Desarrollo, debe ajustar los aspectos presupuestarios institucionales y realizar los arreglos  técnicos,  legales  y  procedimentales con el Organismo Legislativo, de manera que el presupuesto se articule permanentemente con las prioridades de Gobierno.
  12. Incorporar en los planes multianuales y planes operativos anuales, la programación de la inversión de proyectos nuevos y de arrastre, enfatizando en los vinculados con las prioridades y lineamientos de la Política General de Gobierno y  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  así  como los provenientes del proceso de planificación territorial.
  13. Todos los proyectos financiados con recursos de cooperación internacional, reembolsable o no reembolsable, deben cumplir con las normas establecidas para su registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
  14. Todos los convenios, programas, proyectos y actividades que ejecuten las entidades del Estado con recursos procedentes de la cooperación internacional,  bilateral   y   multilateral,   que ingresen  al  Presupuesto  General  de  Ingresos y Egresos del Estado, serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas.
  15. Todos los convenios, programas, proyectos y actividades que ejecuten las entidades del Estado con recursos en la modalidad de ejecución directa[11] deben ser registrados y actualizados en Segeplan para la transparencia y rendición de cuentas, en el marco de la armonización, alineación y apropiación de la cooperación internacional con las políticas nacionales.
  16. Las municipalidades del país, con base en su competencia y funciones, coordinarán sus acciones con la Política General de Gobierno y el conjunto de políticas públicas, para asegurar la complementación de acciones e iniciativas de inversión.
  17. Las instituciones públicas deben articular, mediante sus representantes en los consejos de desarrollo, las orientaciones y lineamientos de la Política General de Gobierno, de la Política y Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de que los planes institucionales y operativos tengan como referencia el territorio, para facilitar el desarrollo desde lo local. Para esto deben coordinar los planes de carácter territorial con los planes estratégicos institucionales y sectoriales.
  18. Las instituciones públicas con competencia y relación con las municipalidades y en el marco de la Política de Fortalecimiento Municipal, deben establecer los mecanismos y medios necesarios para contribuir a que estas cuenten con las capacidades políticas, financieras y técnicas que les permitan vincularse efectivamente con los lineamientos de Gobierno, los del Plan Nacional de Desarrollo y los generados en el seno de los Consejos de Desarrollo.
  19. Para todas las instituciones y con base en competencias y funciones, se establece la obligación de incorporar en los procesos institucionales, políticas públicas,    planes, programas, proyectos y presupuesto; criterios, elementos y acciones específicas de sostenibilidad ambiental, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático.
  20. Todas las instituciones deben priorizar lo instruido en esta Política General, sin descuidar las otras responsabilidades que son de su competencia.

 

[8] Ibíd.

[9] Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus reformas Decreto 13-2013.

[10] Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013.

[11] La modalidad de ejecución directa se refiere a los programas y proyectos cuya administración financiera se realiza directamente por la fuente cooperante u organismos internacionales en los cuales la República de Guatemala, a través de las instituciones del sector público, actúa como garante o beneficiaria.